La iniciativa busca que el Gobierno Provincial transfieran de forma automática los conceptos correspondientes a coparticipación federal de impuestos, regalías hidrocarburíferas e impuestos provinciales coparticipables a las municipalidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Contempla la misma mecánica para que los fondos lleguen en tiempo y forma tanto a los poderes Legislativo y Judicial como así también a la Caja de Previsión Social Provincial y a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
En la primera sesión ordinaria de 2026 de la Legislatura Provincial tomó estado parlamentario un proyecto de ley impulsado por el legislador justicialista Juan Carlos Pino que busca establecer un sistema de goteo cuyo objetivo es que el Gobierno de Tierra del Fuego sea justo, transparente y claro a la hora de remitir los fondos tanto a los municipios como a la Caja de Previsión Social Provincial, a la OSEF y a los poderes del Estado.
“En los últimos años hemos venido asistiendo a los distintos debates, polémicas, denuncias en la justicia y mediáticas en cuanto a los fondos de coparticipaci6n que les corresponde a los municipios. Si tomamos en cuenta que el sistema de transferencia es a través de una Resolución del Ministerio de Economía de la Provincia y que se puede derogar con otra Resolución Ministerial nos daremos cuenta del grado de vulnerabilidad económica en que se encuentran los municipios de Tierral del Fuego”, expuso el legislador.
Pino también señaló que el proyecto contempla, además, la división de poderes y garantiza la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, y remarcó que “un aspecto relevante de esa garantía es asegurar la autarquía financiera”.
“De la misma forma sostenemos que la Constitución Nacional y Provincial expresan claramente la división de poderes del Estado y todos sabemos que desde la remisión de fondos es de donde se sostiene la independencia de poderes”, dijo el parlamentario. “Si bien sabemos que en los presupuestos provinciales figurativamente se establece el monto que le corresponde a la Legislatura Provincial y al Poder Judicial, no es menos cierto que no se condice con la transferencia de fondos. Es por eso que sostenemos que deben estar establecidos por ley”, añadió.
Con respecto a la Caja de Previsión Social Provincial y a la OSEF, el legislador del PJ indicó que un total de 27.000 empleados públicos hacen aportes a las mismas a través de descuentos por jubilación y obra social, que el Gobierno les realiza en sus recibos de sueldo. A esto se suman los aportes que debe efectuar la patronal.
“Si tenemos en cuenta lo mencionado, sin dudas no existiría problema alguno, ya que la mayoría de los reclamos se debe a que los gobiernos no hacen los aportes correspondientes dejando deudas millonarias”, apuntó.
Consideró que se trata de un aspecto importantísimo, a tratar con suma seriedad, ya que “ese dinero corresponde a los trabajadores que son los empleados públicos, y que además dependen de la Administraci6n Central Provincial, entes autárquicos, entes descentralizados, Justicia, Legislatura, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y municipios, es decir que abarca a todos y cada uno de los empleaos de las distintas jurisdicciones mencionadas”.
