José Ignacio Rucci (Alcorta, Santa Fe, 15 de marzo de 1924 – Buenos Aires, 25 de septiembre de 1973) fue un dirigente sindical y político argentino. En 1970 fue designado secretario general de la CGT y desde allí fue uno de los impulsores del regreso de Juan Domingo Perón al país
JOSE IGNACIO RUCCI
Datos personales
Nacimiento 15 de marzo de 1924
Bandera de Argentina Alcorta , Santa Fe, Argentina
Fallecimiento Asesinado en un atentado el 25 de septiembre de 1973 (49 años)
Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina
Partido Partido Justicialista
Profesión obrero metalúrgico y sindicalista
José Ignacio Rucci (Alcorta, Santa Fe, 15 de marzo de 1924 – Buenos Aires, 25 de septiembre de 1973) fue un dirigente sindical y político argentino.
En 1946 comenzó a formarse en la tarea sindical y pasó a cobrar relevancia luego de la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, como miembro activo de la llamada Resistencia Peronista. Tras el nacimiento de las 62 organizaciones, rama política de la CGT, Rucci comenzó a escalar posiciones rápidamente junto al dirigente Augusto Timoteo Vandor dentro de la UOM Unión Obrera Metalúrgica a la que pertenecían y del movimiento sindical en general.
Fue dirigente gremial en la importante fábrica siderúrgica SOMISA (SOciedad MIxta Siderurgia Argentina, actual Ternium Siderar), de San Nicolás de los Arroyos-Ramallo; en 1960 asumió la Secretaría de Prensa de la Unión Obrero Metalúrgica, acompañando a Vandor, Paulino Niembro, Avelino Fernández y Lorenzo Miguel, y en 1964 fue designado interventor en la seccional San Nicolás, donde luego fue secretario general. Mantuvo una fuerte polémica, incluso con solicitadas en los diarios, con Agustín Tosco, que representaba una posición más combativa y de izquierda que la de Rucci.
Tosco consideraba que nada ni nadie podía sustituir a las asambleas, que ellas eran superiores a los cuerpos directivos, y que la lucha no debía abarcar únicamente las condiciones salariales. Podría calificarse a su ideología como antiimperialista, antipatronal y antiburócrata. Su lucha contra lo que llamaba burocracia sindical era constante y uno de sus enemigos más notorios fue José Ignacio Rucci. Tosco afirmaría sobre éste: «Rucci y sus discípulos son prisioneros por sus compromisos con los detentadores del poder, presos de la custodia que les presta el aparato policial; presos de una cárcel de la que jamás podrán salir: la de la claudicación, indignidad y participacionismo». Tosco y Rucci tuvieron varios cruces mediáticos.
SU ACTUACIÓN COMO SECRETARIO GENERAL DE LA CGT
En 1970 fue designado secretario general de la CGT y desde allí fue uno de los impulsores del regreso de Juan Domingo Perón al país. Cuando esto se produce en noviembre de 1972, había una fuerte lluvia y Rucci fue quién sostuvo el paraguas para proteger a Perón cuando descendió del avión en una imagen que fue muy difundida por los medios. Perón permaneció durante casi un mes en una residencia de la calle Gaspar Campos de la localidad de Olivos y regresó luego a España, donde vivió hasta su retorno definitivo, producido el 20 de junio de 1973 durante el gobierno de Héctor J. Cámpora.
[editar] Consigna de la UES
CONSIGNA DE LA UES
En el único acto público de la campaña a la presidencia de Perón, el 31 de agosto, se realizó un «desfile» de todo el activismo disponible, unas 400.000 personas que tardaron tres horas en pasar delante del balcón de la central obrera. Los organizadores del desfile consiguieron que la Tendencia —la mitad de los efectivos, en ese recuento— marchara al final, y convencieron a Perón de que se retirara «cansado» al llegar esa parte. Así que las estructuras de superficie de Montoneros desfilaron delante de un balcón ocupado sólo por Isabel, López Rega, Raúl Lastiri, Otero, Lorenzo Miguel y Rucci, todos satisfechos con el desaire del general.
A principios de septiembre la organización Montoneros comenzó a analizar la posibilidad de matar a Rucci. Por casualidad la FAR había descubierto a Rucci en el momento de salir de una casa en la calle Avellaneda 2953, del barrio de Flores, en la Capital Federal.
Roberto Perdía contó que después de la masacre de Ezeiza se reunió con Lorenzo Miguel: “Lorenzo explicó que el sindicalismo no había tenido nada que ver con la masacre: de hecho, sus militantes al igual que los nuestros, acudieron a recibir al General armados con palos, cadenas y algunos «fierros» cortos, sin otro ánimo de enfrentamiento más allá de los tumultos ocasionales que pudieran producirse debido al indeseado pero estrecho contacto al cual nos obligaba la movilización. A partir de este encuentro, entre montoneros y sindicalistas, se integró una comisión no sólo destinada a prevenir potenciales enfrentamientos sino, además, para llegar a acuerdos políticos entre ambos sectores.
“Observo hoy —escribe Perdía— que las fuerzas que empujaron hacia el desarrollo de la confrontación eran más poderosas que aquellas otras que, dentro de la confusión, buscábamos el acuerdo (…) Cada gesto conciliador del jefe metalúrgico se correspondía con reacciones altisonantes por un sector de su propio entorno. Cada intento nuestro por establecer puntos de acuerdo despertaba en muchos las sospechas de traición”.
No obstante, a partir de los hechos de Ezeiza del 20 de junio existían en la organización dos enfoques políticos que decantaron en dos sectores internos: «movimientistas» y «militaristas»
EL ASESINATO DE RUCCI
El asesinato de Rucci marcó el predominio político del sector militarista dentro de la conducción montonera, que en ese momento estaba integrada por ocho miembros. De ellos, cuatro (Firmenich, Hobert, Perdía y Yager) provenían de Montoneros. Tres (Quieto, Roqué y Osatinsky), de Fuerzas Armadas Revolucionarias y, por último, Horacio Mendizábal, de Descamisados. No existe confirmación de que “orgánicamente» la totalidad de la conducción haya autorizado la ejecución. La ex militante de Montoneros y luego funcionaria durante los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner, Alicia Pierini, afirmó que la fusión de FAR y Montoneros, que se hizo pública en octubre, no estaba concluída y no había una dirección conjunta para la fecha del asesinato por lo que Roqué habría tomado la decisión de actuar «por la libre».
PREPARATIVOS
De acuerdo a una investigación publicada por Ceferino Reato, periodista y asesor del ex-embajador argentino en el Vaticano Esteban Caselli durante el gobierno de Menem [cita requerida], Roqué se habría instalado en un departamento de barrio de Floresta, Juan B. Justo 5781, a diez cuadras del domicilio de Rucci y habría mandado a traer al departamento las armas necesarias para el operativo: las habría llevado Gustavo Laffleur, camufladas como máquinas de coser Knittax y en un auto oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, aunque esto no implica que dicho gobierno participara o estuviera en conocimiento de la acción o del uso del automóvil. Ha sido señalado que en Juan B. Justo 5781 no existía ni existe actualmente ningún edificio y en la nueva edición del libro Reato da su explicación al respecto.1
Roqué convocó al equipo operativo, nueve combatientes, la mayoría provenientes de las FAR, si bien no había acuerdo general sobre la oportunidad ni la necesidad política del operativo. El «gordo» Fernando Saavedra había sido designado inicialmente como jefe del mismo, las versiones mencionan que se oponía por razones políticas y una semana antes durante un entrenamiento se rompió un tobillo (supuestamente adrede para no participar).
EL ÚLTIMO MENSAJE
El 25 de septiembre de 1973, en nombre de lo que denominaban movimiento obrero organizado, José Ignacio Rucci iba a leer por canal 13 de televisión un mensaje que entre otras cosas decía:
«Ahora el fragor de las luchas ha pasado a convertirse en historia. La realidad de nuestros días es la unión, el trabajo y la paz. Por primera vez en 18 largos y sacrificados años se ha expresado sin limitación alguna, con absoluta soberanía, la voluntad popular. Ninguna sombra del pasado podrá interponerse ahora para que los argentinos marchemos unidos y solidarios, hasta la construcción de la Argentina potencia. Los trabajadores han contribuido al proceso de liberación y a la modificación de las estructuras caducas y la destrucción se ha operado no sólo en los aspectos materiales de lo que fuera una nación próspera y libre, sino en la conversión en una colonia empobrecida, dependiente, opresora e injusta.»
«Hubo un proceso distorsionador en el ámbito espiritual y cultural, cuyas consecuencias no han podido ser erradicadas del todo y aún las seguimos viviendo y soportando. Significa esto que a la recuperación plena del poder adquisitivo de los salarios, a la valorización del trabajo a la creación de nuevas riquezas, es necesario agregar la pacificación de los espíritus, requisito indispensable para encarar un proceso de reconstrucción y la reconquista de los valores nacionales, cuya vigencia absoluta asegurará la elección de los mejores caminos para arribar al objetivo común.»
«Sólo por ignorancia o mala fe se pueden exigir soluciones inmediatas para problemas que fueron profundizados durante tantos, años; no se puede apelar a la violencia rayana en lo criminal, en un clima de amplias libertades e igualdad de posibilidades; no se puede seguir abrigando ambiciones y privilegios, creando condiciones injustas, burlando las leyes, impidiendo o saboteando la consolidación de un proceso que ha sido aprobado por la mayoría del país.»
«En este aspecto, las delincuentes comunes que se resisten a amalgamarse en una sociedad productora, son parangonables con los delincuentes políticos y económicos, empeñados en defender un estado de cosas que no puede seguir ya en vigencia.»
«También en este aspecto resulta tan perniciosa para la Nación la subsistencia de pretensiones liberales injustas, como la acción dé los grupos de ultraizquierda o derecha, que en los países hermanos contribuyen entre sí para abortar las posibilidades de una política popular. Nadie podrá negar que ahora las leyes se apoyan indiscutiblemente en el consenso mayoritario y, por tanto, no existe argumento alguna que justifique su incumplimiento. Sólo el acatamiento estricto de la ley nos hará realmente libres, pero el acatamiento deberá ser parejo, como parejas habrán de ser las sanciones, a quienes pretenden seguir imponiendo sus convivencias sectoriales por encima de las necesidades auténticas de la comunidad.»
«Las leyes emanadas del gobierno del pueblo, elaboradas por los representantes del pueblo, habrán de regir la convivencia argentina, asegurar los derechos de todos para frenar a cualquier acción ilícita y por lo tanto antinacional y antipopular. Sólo de esa manera se garantizará la paz y la unidad de los argentinos, y se cimentan las bases sobre las cuales las nuevas generaciones, nuestra maravillosa juventud, irá produciendo el indispensable trasvasamiento que la acercará al futuro y el logro de sus mejores destinos.»
«Esa juventud comprende que la etapa de la lucha ha sido superada, y hoy el campo de batalla se centra en la reconstrucción hacia la liberación de la patria y la realización integral del pueblo. Este es el pensamiento de la clase trabajadora organizada.»
«Debemos lograr el robustecimiento de la unidad latinoamericana y del Tercer Mundo, contra toda forma de imperialismos, la subordinación a las centrales continentales o internacionales, quienes sirven a la política imperialista de cualquier signo.»
«La reconstrucción de la Patria es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismos ni exclusiones. La liberación será el destino común que habremos sabido conquistar, con patriotismo, sin egoísmos, abiertos mentalmente a una sociedad nueva, para una vida más justa, para un mundo mejor.»
EL ASESINATO
A las 12:11 del 25 de septiembre de 1973, el grupo conducido por Juan Julio Roqué asesinó a Rucci cuando éste salía de la casa de calle Avellaneda 2953 en el barrio de Flores.
Posteriormente, cuando en Montoneros conocieron (por los medios de difusión) que el dirigente obrero peronista tenía 23 impactos de bala, denominaron a la operación “Operativo Traviata”, porque el comercial de las galletitas Traviata decía: “las de los veintitrés agujeritos”.
El asesinato no fue reivindicado por sus autores y la conducción de Montoneros, que no tomó ninguna medida interna contra los responsables, negó enfáticamente la autoría del hecho. Todavía en 1997, Roberto Cirilo Perdía escribió: «Las balas que segaron su vida pudieron haber partido desde diferentes trincheras. Pero la mayor parte de las miradas apuntaron hacia nosotros. Más allá de quien haya sido el ejecutor material de este hecho, nosotros pagamos su costo político (…) Desde todo punto de vista la muerte de Rucci favoreció el avance de las políticas opuestas a nosotros (…) La actividad paramilitar del Estado contra nosotros encontró una excusa para fortalecer su accionar».
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REPERCUSIONES
Juan Domingo Perón lloró por primera vez en público y dijo: «Me cortaron las patas…
Carlos Hobert, llamado «Pinguli» uno de los dirigentes de Montoneros más antiguo y respetado, se enteró del asesinato de Rucci por la radio.
Juan Carlos Dante Gullo estaba haciendo antesala en la casa de Gaspar Campos para reunirse con Perón. Alguien, un tal Esquerra, entró a la pieza donde Dante Gullo esperaba y gritó: «Asesinaron a Rucci». En ese momento, Dante Gullo pensó (y lo contó después): lo mató la CIA.
Francisco Gutiérrez, apodado «El Barba» –dirigente de la Juventud Trabajadora Peronista en los años setenta y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica en el 2002- decía suponer que Rucci había sido asesinado por la CIA.
HOMENAJES A RUCCI
En su homenaje llevan su nombre un barrio, de la ciudad de Rosario, un barrio en la ciudad de Bahia Blanca y una calle del barrio de Villa Lugano de la ciudad de Buenos Aires.
LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS
Dijo Oscar Anzorena:
“Este hecho establece un lugar de no retorno en las relaciones de Perón con los Montoneros. Esta metodología de apretar a Perón no sólo genera el efecto político contrario al esperado sino que franquea una frontera ética sustentada hasta ese momento por las organizaciones revolucionarias, ya que esta muerte al no ser asumida políticamente adquiere más características de asesinato mafioso que de ajusticiamiento revolucionario”.
Según el escritor Juan Gelman, que pertenecía a la organización Montoneros, no se pensó en la clase obrera sino en presionar a Perón:
“Lo de Rucci no se hizo para despertar la conciencia obrera: se hizo en la concepción de tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa, para que equilibrase su juego político entre la derecha y la izquierda. Atención a esto. Lo que quiero decir es que eso no formó parte de una concepción política con relación a las masas, sino de una estrategia cupular: hay concepciones políticas con relación a la masa que, por cierto, conducen al acto equivocado. Pero no es el caso de la muerte de Rucci, que no partió de ninguna concepción política de trabajo con la masa y, en verdad, sólo fue una jugada que nada tuvo que ver con la forma acertada de plantear la lucha. (…) El asunto era trabajar estrechamente con las masas ya que de ellas dependía el cambio de política y de programas”.
REACTIVACIÓN DE LA CAUSA
En octubre de 2008 se reactivó la investigación del asesinato de Rucci. El periodista Ceferino Reato presentó su libro Operación Traviata en la que sostiene que el hecho fue realizado por la organización Montoneros. Afirmó que entre las fuentes que confirman esa hipótesis se contó la de una persona, cuya identidad mantiene en reserva, que había tenido un alto cargo en esa organización y que, según la misma fuente, todavía se encuentran vivas dos de las personas que intervinieron en el hecho. Luego de aparecer el libro dos personas que en su momento pertenecieron a Montoneros, Alejandro Peyrou que fue también funcionario del gobernador bonaerense Oscar Bidegain y Emiliano Costa, que perteneció a la organización llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que luego se fusionó con Montoneros admitieron públicamente la responsabilidad de dicha organización en el hecho, en tanto que Dante Gullo, que fue diputado nacional por el partido Frente para la Victoria y que fue el máximo dirigente de la Juventud Peronista en la década del 70 y miembro de la Tendencia Revolucionaria, culpó a la CIA y a un complot contra las democracias latinoamericanas y vinculó el hecho al golpe militar contra Salvador Allende ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973 o sea 14 días antes del asesinato de Rucci.3
INDEMNIZACIÓN ABONADA A LA FAMILIA
El 1 de noviembre de 1999 el Estado argentino dispuso por decreto 2511/99 que se abonara a la familia de Rucci un resarcimiento de 224 mil dólares en bonos del Estado, considerando el hecho encuadrado en la ley 24.411 que habilitó el pago de indemnizaciones justamente a víctimas de «cualquier grupo paramilitar», si bien usualmente este último término identifica más el accionar de la Triple A que el de Montoneros. En el dictamen en que se fundamentó el decreto se expresa que «se trató de un atentado llevado a cabo por una organización de tipo militar, que actuó con impunidad, con uniformes iguales a los de la fuerza policial no siendo los hechos debidamente investigados en el momento oportuno».
En junio de 2009, un hijo de desaparecidos inició una acción legal por estafas a la familia Rucci. Según la denuncia cobraron la indemnización alegando que Rucci había sido asesinado por la Triple A o la dictadura, no por grupos civiles como Montoneros.
CALIFICACIÓN DEL HECHO
La reapertura de la investigación reabrió el debate sobre los alcances de los crímenes de «lesa humanidad», imprescriptibles, y si éstos pueden involucrar también a los cometidos por la guerrilla y no sólo a cometidos desde el Estado.
Para sostener que el delito no prescribió los hijos de Rucci argumentan que «algunos de los asesinos pertenecían a Montoneros, y muchos de integrantes de éstos tenían a su vez cargo de diputados» y que además “hay algunas versiones sobre si (el crimen) fue apoyado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Oscar Bidegain (…) se dice que los automóviles con armas salieron de la gobernación”.6 Otro argumento adicional expresado por los Rucci es que en la labor de inteligencia previa al hecho operarios pertenecientes a la empresa de teléfonos ENTEL que en ese momento era estatal intervinieron en forma ilegal la línea de teléfono ubicada en el domicilio.
