El presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo Worman, insistió en que el Municipio de Río Grande debe regularizar la situación de la nueva planta potabilizadora de la ciudad, construida con fondos del Fideicomiso Austral, lo que la convierte en una obra del patrimonio del Estado Provincial, según la normativa que regula a ese organismo. «Si el Municipio opera la planta, lo que hace falta es que lo informe y que diga cómo lo va a resolver, sobre todo en relación a los fondos que aportó el Fideicomiso», dijo el funcionario provincial.
Worman recordó que desde la Provincia se citó en dos oportunidades al intendente Gustavo Melella -o a quien éste designara como representante- a los efectos de regularizar la situación de la planta, «pero nadie concurrió».
«El Municipio reconoce públicamente que la planta se transformó en una dependencia municipal -sostuvo- . Si el Municipio opera la planta, lo que hace falta es que lo informe y que diga cómo lo va a resolver, sobre todo en relación a los fondos que aportó el Fideicomiso, el que no es una herramienta coparticipable», agregó el presidente de la DPOSS.
«Tenemos que ordenar los aspectos institucionales, funcionales y de responsabilidad respecto a la planta y verdaderamente no entiendo cómo el Municipio no viene para normalizar esta circunstancia», dijo Worman.
El Artículo 7º del acuerdo que regula al Fideicomiso Austral establece que «una vez concluidas las obras, quedarán incorporadas al patrimonio del Estado Provincial». «El propio intendente Melella había enviado oportunamente una nota al Gobierno aceptando estos términos y poniéndose a disposición para la firma de la documentación correspondiente -recordó Worman-. Sin embargo, ahora no acceden a reunirse para resolverlo».
«Nosotros queremos ordenar esta situación pero el Municipio se niega a que podamos hacerlo. Es más, sus funcionarios responden públicamente con enojo sobre esto -expresó el presidente de la DPOSS-. En lugar de enojarse, deberían poner la energía en solucionar el problema».
«Como este tema, hay mucho otros que no se resuelven en favor de los vecinos -cuestionó-. Por ejemplo, el Municipio cobra por el servicio de cloacas, pero es el Gobierno el que construye una nueva planta sanitaria; o se pavimenta parte de la ciudad, cuando es responsabilidad municipal».
«En definitiva, la no colaboración del Municipio, más que perjudicar al Gobierno, le quita posibilidades a los vecinos de Río grande», concluyó.
