Catorce días después del incendio intencional en la sede central del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) los investigadores policiales y judiciales no tienen “ninguna pista firme” sobre el hecho, y ni siquiera se investiga la posible relación del episodio con la denominada “mafia del juego”, como denunciaron varios funcionarios del Gobierno provincial poco después de que se conoció el incidente.
Diferentes voceros judiciales vinculados a la causa, que está en manos de la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo, coincidieron en señalar a EDFM que hasta el momento “no hay indicios serios” ni sobre los autores del “estrago doloso” (como fue calificado el hecho en forma provisoria) ni sobre el posible móvil que habrían perseguido los responsables.
Acerca de la “pista de la mafia del juego” deslizada por los funcionarios, las fuentes fueron categóricas: “aunque no descartamos nada, por ahora no es algo que figue en el expediente. Fueron manifestaciones públicas pero que no tienen correlato con otros indicios y tampoco se aportaron datos concretos para que la causa pueda avanzar en ese sentido”, explicaron los voceros.
Por otra parte, la policía provincial analizó una segunda posibilidad que al principio tenía algún tipo de verosimilitud pero que después no logró afianzarse con mayores evidencias.
El dato concreto, señalaron las fuentes, es que 48 horas antes del incendio, ocurrido en la madrugada del lunes 21 de agosto (feriado provincial) se interrumpió la filmación que realizan cámaras de seguridad de la Casa de Gobierno, en dirección a la calle Roca, donde se encuentra la parte posterior del edificio del IPRA.
Los investigadores ya saben que quienes perpetraron el incendio entraron por ese lugar (posiblemente usando una escalera que comunica el techo con la oficina del presidente del Instituto) ya que las cámaras situadas en el frente del edificio, sobre la calle San Martín, y que sí estaban en pleno funcionamiento, no registraron esa noche ninguna entrada ni salida de personas.
De tal modo, que justo estuvieran fuera de servicio las cámaras que podrían haber registrado a los autores del incidente llamó la atención de los investigadores.
Por ese motivo, la Policía individualizó a dos agentes de mantenimiento del edificio gubernamental que efectivamente admitieron haber trabajado sobre las cámaras y que declararon haberlas inutilizado en forma accidental o como parte de la tarea que estaban realizando.
En cualquier caso, el indicio no pasó de esa sucesión de datos sugestivos y hasta el momento no permitió construir una hipótesis más firme de lo ocurrido.
Incluso se evaluó que un grupo de trabajadores del IPRA estaban “molestos” por la instalación del sistema de huellas dactilares en el organismo, para realizar un control más efectivo del horario de trabajo (tal como sucede en otras dependencias del Estado provincial) pero tampoco se encontraron mayores evidencias ni siquiera para pensar que ello podría haber motivado a alguien a pretender incendiar las instalaciones que, más allá de las molestias, constituye su lugar de trabajo.
En ese contexto, la investigación parece entonces empantanada y a la espera de la aparición de pruebas que permitan encaminarla de alguna forma.
Por ahora sólo está demostrado que en la madrugada del 21 de agosto, desconocidos ingresaron a la sede del IPRA ubicada en la calle San Martín 360, aunque por su parte posterior (que da a la calle Roca) y mientras el lugar se encontraba totalmente deshabitado.
Luego iniciaron al menos tres focos de incendio en la oficina del presidente, lo que quedó evidenciado por las pericias policiales que hallaron restos de combustible en las paredes.
El fiscal del caso, Nicolás Arias, efectuó un requerimiento de instrucción una vez conocidas las alternativas iniciales del episodio, lo que dio lugar al inicio de la causa penal 29.562, caratulada “Comisaría Primera Ushuaia s/ averiguaciones de incendio”.
Según el fiscal, el incendio habría tenido la magnitud suficiente como para “poner en peligro otros bienes, especialmente archivos propios del ente o hasta la vida de personas en sus inmediaciones”, con lo que el delito podría oscilar entre diferentes variantes, de acuerdo a lo que vaya avanzando la investigación.
El presidente del IPRA, Abel Galeano, reconoció que el lugar de ingreso puede haber sido “una escalera que conecta con el techo donde están las antenas del sistema online. Ahí había una ventana de fácil acceso que tendrían que haber roto, pero el fuego quemó ese sector como para poder verificarlo”, señaló poco después del incendio.
Galeano y otros funcionarios como el ministro jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, relacionaron directamente el estrago con los anuncios de la Gobernadora (realizados poco antes) acerca de la implementación de un sistema informático que conectará las máquinas tragamonedas instaladas en los casinos provinciales con las oficinas de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) de modo de efectuar un control on-line del movimiento de los dispositivos y de los impuestos que tributan al Estado.
Gorbacz, quien ya había dicho que “la gobernadora no retrocederá ante las mafias”, aportó otro dato sugestivo, al admitir que Galeano recibió, antes del incendio, el llamado telefónico de la apoderada de un casino, solicitándole que no tomaran la medida de los controles informáticos, porque “no era ni viable ni conveniente”.
“En ese marco, es imposible no vincular el incendio con los anuncios que hizo la gobernadora la semana pasada”, señaló el ministro en su momento, aunque nada de eso tiene por ahora un correlato en el marco de la investigación judicial.
