Este jueves se aprobará la moratoria para comerciantes y autónomos, que “ya cuenta con dictamen final”, según anunció el legislador justicialista Juan Carlos Pino en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ de Radio Provincia. Además, se discutirá la ley que declara de interés estratégico la apertura de la ruta 7, mientras que el convenio firmado por el gobierno para el paso de servidumbre quedará para un futuro debate.
Pino destacó que la moratoria de AREF ha sido consensuada y que el proyecto, tras pasar por diversas comisiones y recibir modificaciones, está listo para su aprobación. “El dictamen ya está finalizado y se someterá a votación el jueves”, afirmó.
En relación a la demora en el tratamiento, el legislador explicó que la convocatoria a la Sesión Especial fue inadecuada, ya que no contaba con los dictámenes necesarios. “Hemos subsanado este inconveniente a través de reuniones con el colegio de abogados, y ahora el proyecto está en condiciones de ser debatido. Nos preocupa llegar a soluciones concretas para la comunidad, dejando de lado las disputas políticas”, enfatizó.
Respecto a la ley sobre la ruta 7, Pino subrayó su importancia para la comunicación de los vecinos de la margen sur. “Este proyecto, que presentamos en marzo, ha sido modificado y se espera que sea aprobado por unanimidad. Su implementación facilitará que la provincia continúe con las obras necesarias para habilitar esta ruta, lo que beneficiará a toda la comunidad”, destacó.
Pino también mencionó un convenio firmado por el gobierno que prevé el pago de cuatro mil litros de gasoil, equivalente a casi cinco millones de pesos mensuales, que será discutido en su momento. “Este convenio implica la derogación de la ley de expropiación del área, lo que plantea la necesidad de decidir entre pagar un peaje o continuar con la utilidad pública para el Estado”, explicó.
Por otro lado, el legislador abordó el artículo del presupuesto provincial que contempla la detracción de fondos a los municipios. Afirmó que no existe consenso para su aprobación, por lo que se retirará del proyecto. “Las quitas afectarían significativamente a los municipios: 800 millones de pesos para Tolhuin, casi 6 mil millones para Ushuaia y cerca de 5 mil millones para Río Grande. Defendemos la autonomía municipal y creemos que este artículo no cuenta con el apoyo necesario en la Legislatura”, aseguró.
Finalmente, al ser consultado sobre la contestación de la demanda del gobierno respecto a la inconstitucionalidad de la ley 1529, Pino concluyó: “Este tema ya está judicializado y corresponde esperar que el Superior Tribunal se pronuncie”.
