El Gobierno Provincial adhirió, este miércoles, a la Ley Nacional Nº 26.928, de Creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas que hayan recibido un trasplante, que estén inscriptas en el Registro Nacional de Procuración Y Trasplante o se encuentra en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA). El proyecto fue presentado por la legisladora Marcela Gómez.
A raíz de esta adhesión, el Gobierno de la Provincia debe articular con el Estado nacional las acciones para garantizar las prestaciones médicas previstas por la Ley, a través del Ministerio de Salud con el asesoramiento del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de la Provincia (CUCAI), y por su parte, la obra social del Estado Fueguino (OSEF) deberá avalar la cobertura del 100% a sus afiliados alcanzados por la Ley.
El coordinador Jurisdiccional de Trasplante del CUCAI TDF, Eduardo Serra, destacó la adhesión de la provincia a la Ley y explicó que “si bien ya llevamos adelante todo lo que está normado dentro de la Ley, poder adherir y realizar la reglamentación genera que este trabajo sea más eficiente y más aceitado».
El médico explicó, además, que la normativa estipula «una determinada cantidad de beneficios para los pacientes» y que «aunque ya contaban con algunos de estos, desde el momento que están reglamentados se hacen más visibles».
Por su parte, la legisladora, Marcela Gómez, señaló que «la Provincia está avanzando desde muchos espacios para ser mas inclusiva y por esto es de suma importancia hoy tener aprobada esta adhesión» y agregó que «estamos trabajando en cómo se va a implementar desde los distintos actores involucrados».
«Todo esto ya se viene haciendo pero, para mayor garantía de las personas, si está escrito es mejor» señaló la Legisladora, a la vez que destacó que «las personas trasplantadas vuelven a reinsertarse en la sociedad con sus empleos y por eso es importante trabajar para que tengan una cobertura total».
Además, las personas beneficiarias del sistema, en condiciones de vulnerabilidad, tendrán preferencia en el acceso a una solución habitacional ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) acreditando los requisitos exigidos por la Provincia para todos los inscriptos. Por último, los entes gubernamentales deberán garantizar, incentivar, y promover programas de empleo para las personas comprendidas por esta Ley.
