Durante el último día hábil del 2017, la gobernadora Rosana Bertone, como ya lo había anunciado ante los medios periodísticos, dispuso “la no percepción de los incrementos salariales que correspondan por aplicación de la ley provincial 885, a partir de la pérdida de vigencia del artículo 14 de la ley provincial 1068”. Esto significa que los funcionarios electos y designados del Poder Ejecutivo Provincial, entes autárquicos y descentralizados no percibirán el aumento en sus remuneraciones, como lo había dispuesto la ley provincial.
En el decreto 3705/17 se indica que “atento la complicada situación económica que atraviesa la Provincia, y que no se cuenta con recursos financieros suficientes, se estima conveniente, como medida de autolimitación, establecer la no percepción por parte de toda la planta política de la Administración Central y de los entes autárquicos y descentralizados, de los incrementos salariales que corresponden por aplicación de la ley 855(…)”.
Sobre la decisión adoptada, la gobernadora Rosana Bertone señaló: “Soy de la idea de no aplicar ningún aumento de sueldos para los políticos. Hay gente que no tiene nada, que me pide trabajo y no se lo puedo dar. Quizá haya gente que quiera ganar mejor y aplicar la ley de dietas. La discusión es legítima pero no puede haber doble discurso. Si pretendo algo, hay que predicar con el ejemplo. Es un debate ético o moral. Yo creo que quien acepta una función pública también lo hace por quedar un poco en la Historia, y no sólo por el sueldo”.
La fórmula de actualización contemplada en la ley 855 -promedio de los salarios de los Intendentes de Ushuaia y Río Grande más un 5%, hubiera implicado un aumento del orden del 20%. Sin embargo, a partir de esta decisión, el sueldo de la Gobernadora seguirá siendo de 85.700 pesos mensuales, por debajo de los intendentes y de cerca de 300 empleados de los distintos poderes del Estado que perciben más de esa cifra.
El decreto provincial que suspende los aumentos surge a partir de la que la prórroga de la declaración de emergencia fue parcial, dejando sin efecto la suspensión de la ley de dietas. Esto significaba un aumento automático del sueldo de la Gobernadora y de la planta política del Gobierno provincial y entes descentralizados.
