El Senado de la Nación fue escenario de una fuerte señal política. Con el respaldo unánime de los 34 senadores de Fuerza Patria, la legisladora nacional fueguina Cristina López presentó un proyecto de ley que propone derogar los decretos 333 y 334/2025, firmados por el presidente Javier Milei, que modifican de manera sustancial el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.
La iniciativa llegó tras agotar las instancias de diálogo con el Gobierno nacional. “Esperamos el tiempo prudencial para construir consensos, pero el daño ya está ocurriendo. No hay más margen: hay que derogarlos”, aseguró López. La legisladora aclaró que no se trata de un gesto electoral, sino de “una respuesta institucional, seria y urgente” frente al impacto de las medidas.
Por un lado, el Decreto 333/2025 redujo aranceles para productos como celulares, aires acondicionados y monitores, e introdujo cambios en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Dispuso una baja progresiva del Derecho de Importación Extrazona (DIE) para los teléfonos inteligentes —del 8% actual al 0% desde el 15 de enero de 2026— y redujo del 35% al 20% el arancel para videoconsolas y máquinas de videojuegos.
Además, el decreto rebajó al 9,5% la alícuota del impuesto interno para aires acondicionados, celulares, televisores y monitores, y estableció una tasa del 0% para los mismos bienes producidos en Tierra del Fuego bajo el régimen de la Ley 19.640. En paralelo, el Decreto 334/2025 creó un régimen simplificado de importación para envíos de bajo valor desde el Área Aduanera Especial fueguina hacia el continente, que permite comprar hasta tres unidades iguales por año, con un tope de USD 3000 por envío.
En los fundamentos del proyecto, los senadores advierten que los decretos impulsados por el Gobierno nacional se inscriben en un contexto más amplio de desregulación económica y ajuste fiscal, cuyas consecuencias se sienten con mayor fuerza en las regiones periféricas del país.
Según el texto, las medidas carecen de un plan de reconversión productiva y de salvaguardas laborales o mecanismos de sustitución de importaciones que protejan el entramado industrial local. Se trata —afirman— de un “ajuste sin desarrollo”, orientado a generar un alivio transitorio en los precios a costa de la desindustrialización y el desarraigo. En ese marco, los legisladores solicitan la urgente aprobación del proyecto para restablecer la normativa anterior, evitar perjuicios irreparables y abrir un ámbito federal de trabajo que fortalezca el régimen de promoción fueguino sin desnaturalizar su propósito estratégico.
Sin embargo, para el Gobierno nacional las medidas impulsarían la competencia y benefician al consumidor. Pero para los integrantes de Fuerza Patria, constituyen un ataque directo al régimen fueguino que desde hace más de cinco décadas sostiene la industrialización, el empleo y la presencia soberana argentina en el extremo sur. “Milei eligió golpear donde más duele: en el trabajo y la producción. Pero se equivoca si cree que el pueblo fueguino se va a quedar de brazos cruzados”, advirtió López.
La senadora López señaló que la industria electrónica fueguina emplea a más de 8.000 trabajadores directos y genera otros 15.000 empleos indirectos. “Cada semana sin respuesta desde el Congreso agrava la crisis. Los turnos suspendidos y los despidos silenciosos ya están ocurriendo”, afirmó.
“El Congreso no puede ser una escribanía. Si el Gobierno no escucha, debemos ponerle límites desde la ley”, sostuvo López.
La presentación fue acompañada de una foto política: los 34 senadores juntos, mostrando cohesión en tiempos de fragmentación. “Necesitamos 37 votos para frenar el daño y lo vamos a lograr. Tierra del Fuego no está sola: la defensa de la industria es una causa nacional, porque defender el trabajo también es defender la soberanía”, expresó la legisladora.
