Este jueves 7 de septiembre se retoma la audiencia pública para continuar debatiendo el proyecto del Ejecutivo de cancelar con tierras parte de la deuda que el municipio mantiene con la empresa Dos Arroyos SA, y que afecta a familias que viven en el predio propuesto para saldar el compromiso.
La segunda jornada de la audiencia continuará a partir de las 18 para avanzar con los planteos, de todas maneras los concejales Silvio Bocchicchio (Ecos) y Ricardo Garramuño (MPF) ratificaron sus posturas contrarias a la iniciativa, el lunes pasado luego de la exposición de la familia Vargas, vecinos que habitan en los terrenos afectados por la intención del Ejecutivo.
En la primera jornada de la audiencia, integrantes de la familia Vargas expresaron preocupación ante la posibilidad de ser desalojados del lugar que habitan «hace 20 años», lo que promovió demandas judiciales recientes porque «los predios son bienes litigiosos y están ocupados», según anunció el abogado de la familia.
Integrantes de la familia Vargas consideraron «injusto» el tratamiento de la ordenanza en Primera Lectura (instancia que superó el proyecto en la última sesión ordinaria). En ese sentido, Yolanda Vargas diferenció que «no somos una empresa radicada más, sino que nacimos en Ushuaia».
El vecino Francisco Imaray dijo que «nosotros ocupamos la tierra hace más de 20 años con permiso de la municipalidad en ese momento» y aclaró que «era una tierra donde nadie quería estar porque era un turbal que requería de mucho trabajo e inversión; nunca la municipalidad se interesó por nosotros, nunca aportó arena ni ningún material para mejorar el estado de la tierra, nunca se ocupó en mejorar el estado de las calles del lugar».
Por su parte, los vecinos del barrio Altos del Mirador expresaron preocupación por la posible sucesión de tierra a la empresa Dos Arroyos SA porque «somos más de 170 familias que, de instalarse una planta productora de hormigón, generaría una contaminación en el barrio y en lugares aledaños, por ejemplo las 640 viviendas».
La vecina Carmen Miranda afirmó que «hay estudios hechos a nivel país que demuestran que este tipo de contaminación puede generar enfermedades graves como cáncer de piel, problemas en el sistema respiratorio o nervioso y además hay leyes y ordenanzas que nos amparan».
El concejal Juan Carlos Pino (FPV – PJ) sostuvo que, si bien el proyecto fue aprobado en una primera instancia, «sabemos que tenemos la posibilidad de hacer una audiencia para poder escuchar la opinión de toda la comunidad» y aclaró que «no es mi intención sacarle el terreno a nadie».
Además estuvieron presentes en el debate los concejales Gastón Ayala, Ricardo Garramuño (MPF), Silvio Bocchicchio (ECoS) y Juan Manuel Romano (UCR) y la secretaria del Cuerpo, Noelia Butt.
