En la asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (Co.Fe.Ma) realizada el pasado lunes, los secretarios de ambiente de las provincias rechazaron el decreto Nº 591/19 firmado a fines de agosto por el presidente Mauricio Macri, que modifica los requisitos para el ingreso de residuos peligrosos al país.
El representante de Tierra del Fuego, el secretario de Ambiente Mauro Pérez Toscani comentó que “las autoridades ambientales manifestamos que al ser la importación de residuos al país un tema tan delicado, no se ha dado un previo proceso de estudio y discusión en un ámbito nacional, como lo es el Co.Fe.Ma, donde están representadas todas los provincias, a pesar de tener este organismo comisiones específicas para ello, como la Comisión de Residuos Peligrosos y la Comisión de Asesoramiento Legislativo”.
Los motivos son claros para este rechazo, por eso el Co.Fe.Ma manifestó en una resolución que es necesario regular el ingreso al país de las sustancias peligrosas y esa regulación requiere un proceso previo de análisis y estudio de la situación general de la valorización de residuos a nivel nacional, en el marco de una gestión integral de los mismos, considerando no sólo los riesgos sanitarios para la población y los ambientales de cada tipo de residuos, sino también las necesidades socioambientales y la capacidad de control de las provincias donde serán destinados. Se dejó claro también el peligro que significa permitir el ingreso de residuos de otros países, ya que no existe forma de controlar que ingresaría.
Sin considerar a las provincias para un análisis en conjunto del tema, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación solamente ha convocado a los secretarios ambientales provinciales para el tratamiento de la reglamentación del Decreto 591/19, limitando la discusión únicamente al debate de técnicas y procedimientos. De esta manera no es posible trabajar en la regulación de una política federal de residuos, condicionando la Nación la posibilidad de lograr tener un federalismo ambiental con la construcción de políticas ambientales consensuadas entre todas las provincias, expresa la resolución.
